El tribunal internacional popular que
analizó en La Haya la historia de la multinacional Monsanto -comprada
el año pasado por Bayer- encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio,
de crímenes de guerra, de violaciones de los derechos a un medio ambiente sano
y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad
científica.
Monsanto, que desde principios del siglo XX ha comercializado
productos altamente tóxicos, como el PCB, el 2,4,5-T, el herbicida Lasso y el
famoso Roundup, elaborado a base de glifosato, fue sometida a un tribunal ético
integrado por cinco prestigiosos jueces, entre ellos, la argentina Eleonora
Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza. Para
ello, se utilizaron los mismos procedimientos que utiliza la Corte Penal
Internacional de La Haya, pero la compañía se negó a participar.
La idea fue impulsada por más de mil organizaciones no
gubernamentales de todo el mundo. Si bien el tribunal era simbólico, sus
conclusiones empezarán a ser usadas en demandas a lo largo y ancho del planeta,
y se usarán para intentar que se modifique el Estatuto de Roma y se incluya la
figura del ecocidio.
Quizás
lo más esperado fue justamente la conclusión en torno a ese tipo penal, el
ecocidio, un término que empleó públicamente por primera vez en 1970 el biólogo
Arthur Galston, cuya investigación en el Departamento de Botánica de la
Universidad de Yale condujo a la invención del agente naranja. La conclusión de
los jueces no dejó lugar a dudas. "Si el delito de ecocidio se reconociera
en el derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente
constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños
sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan
a la vida y la salud de las poblaciones humanas", advirtió el fallo.
El primer punto tratado en el fallo es si Monsanto vulneró el
derecho a un ambiente sano y equlibrado, que es una precondición para el
ejercicio de todos los derechos humanos. Para ello, los expertos analizaron
testimonios de investigadores que detectaron casos de malformaciones en Argentina
y Francia causadas por el glifosato, enfermedades renales crónicas por la
aplicación de Roundup en Sri Lanka y la suba de las tasas de cáncer en Brasil.
También se mencionó la pérdida de diversidad y fertilidad de los suelos, la
contaminación de las explotaciones agrícolas con transgénicos, y las
deficiencias de salud de los cerdos alimentados con plantas modificadas
genéticamente.
Hubo más. Se habló de la falta de información a las comunidades,
fundamentalmente indígenas, en todo el mundo, la contaminación producida por la
canola transgénica en Australia y Canadá, la imposibilidad de obtener un buen
rendimiento en los cultivos de algodón modificado genéticamente, los intentos
de Monsanto de monopolizar el mercado de semillas en la India, la fumigación aérea
de glifosato en la guerra fallida contra las drogas y la contaminación con
glifosato de las fuentes de agua en la Argentina, muy estudiada en el caso del
río Paraná.
Frente a semejante nivel de pruebas, la conclusión fue tajante.
"Monsanto ha incurrido en conductas que tienen efectos graves y negativos
en el medio ambiente y han afectado a innumerables personas y comunidades de
muchos países, así como a la salud del propio entorno, con las consiguientes
repercusiones en las plantas y los animales y en la diversidad biológica",
estimó el tribunal.
El segundo punto a tratar, el derecho a la alimentación, llama la
atención porque el combo "siembra directa + transgénicos +
agroquímicos" fue presentado desde el minuto cero como la tríada que
pondría fin al hambre en el mundo, algo que no sólo no ocurrió, sino que, según
el fallo, el mundo siempre estuvo en condiciones de producir alimentos para
todos apelando a la agricultura tradicional.
En este caso se tuvieron en cuenta las producciones de arroz de
Sri Lanka, que se volvieron arenosas y redujeron su rendimiento "de forma
significativa", y el ensañamiento con el monocultivo en ese país, donde en
algunas comunidades se reintrodujeron exitosamente variedades tradicionales de
mijo, sésamo, hortalizas, frutas y cereales con las que se obtuvieron mejores
cosechas. Debido al daño causado por los agroquímicos, en 2015 se
prohibieron el Roundup y otros cinco productos en ese país.
El
tribunal también destacó los "daños producidos en el suelo, en los
nutrientes, que influyeron negativamente en las condiciones que requieren los
cultivos, y en las corrientes de agua utilizadas para el mismo trabajo
agrícola".
Además, tuvo en cuenta el testimonio de dos argentinos. Por
un lado, el médico rosarino Damián Verzeñassi, quien señaló, en
particular, que "donde anteriormente se habían producido alimentos, ahora
había plantas transgénicas toxicodependientes que habían afectado a la
producción lechera y ganadera". El otro es el productor Diego Fernández,
que posee 150 hectáreas en Santa Fe y contó cómo lo afectó la producción
de soja transgénica a partir de 1996, que cada vez requería un mayor uso de
Roundup y desplazó al ganado. "Antes de la conversión del campo utilizaba
1 litro de Roundup por hectárea cada año; después de la conversión utilizaba
entre 10 y 12 litros, lo que causó la compactación del suelo, la muerte de las
raíces y una reducción de la actividad microbiológica. La compactación del
suelo provocó también inundaciones porque el agua había dejado de filtrarse.
Otra consecuencia que señaló fue la aparición de plantas invasivas resistentes
a los herbicidas", recordaron los jueces. Hubo testimonios similares de
agricultores de México, de la India, de Burkina Faso y de Bangladesh.
"Los testimonios citados revelan que, en todos los casos, se
ha producido una vulneración del derecho a la alimentación de la que han sido
víctimas los testigos y las comunidades, así como las personas mencionadas por
los testigos", indicaron los jueces.
La afectación al derecho a salud fue posiblemente la más fácil de
demostrar, ya que incluso hay jurisprudencia en varios países. En este punto
fue muy sólida la exposición del médico Verzeñassi, quien dirige el Instituto
de Salud Socioambiental, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Rosario. El experto encabeza un proyecto titulado "Campamento
sanitario" en cuyo marco se han realizado estudios en 27 localidades de
cuatro provincias argentinas. Después de recopilar datos de 96.874 personas de
dichas localidades, observó que en esas zonas hay altísimas tasas de una
serie de enfermedades vinculadas al uso de cultivos de organismos modificados
genéticamente y en la exposición al glifosato producido y comercializado por
Monsanto.
Al respecto, los magistrados no sólo hicieron hincapié en los
daños a la salud física, sino también la mental, y pusieron énfasis en los
efectos perjudiciales del PCB, el glifosato y los transgénicos.
Otro tema que también se sintió de cerca en Argentina es la
libertad indispensable para la investigación científica, una cuestión
archiconocida por los ambientalistas en el país, a partir de las persecuciones
que sufrió el fallecido médico Andrés Carrasco, luego de sus históricas
investigaciones sobre los efectos del glifosato en animales vertebrados. En el
Salón Illia del Senado, donde se siguió la transmisión de la lectura de la
sentencia, hubo un cerrado aplauso una vez que se conoció el fallo y se invitó
a su esposa, Alicia Massarini, a decir unas palabras.
Varios
testimonios, al decir del tribunal, coincidieron en que "Monsanto ha
empleado de modo habitual tácticas deshonestas, engañosas y opacas para
conseguir la aprobación de sus cultivos obtenidos por ingeniería genética y sus
herbicidas asociados". La empresa está acusada de operar para desacreditar
y paralizar las investigaciones científicas y debates que suponen una amenaza
para sus intereses comerciales.
Algunas declaraciones fueron elocuentes, como la del paraguayo
Miguel Lovera, quien trabajó en el Gabinete del ex presidente Fernando Lugo, y
que habló de sobornos a funcionarios y calumnias a los que osaban
criticar. Y en particular, dijo que tras el desplazamiento de Lugo, "el
control reglamentario efectivo de los productos modificados genéticamente y de
los herbicidas dejó de existir y Monsanto tuvo libertad para introducir
algodón, maíz y trigo modificados genéticamente, a menudo con consecuencias
desastrosas para los agricultores locales y poniendo en grave riesgo las
semillas autóctonas". Hubo testigos similares de Francia, Canadá y
Alemania, entre otros.
El último tema que se analizó fue si Monsanto fue cómplice de un
crimen de guerra, ya que fabricó el Agente Naranja que los Estados Unidos
utilizaron durante la contienda bélica en Vietnam. El tribunal aclaró que
"no se ha presentado ante el Tribunal ninguna evidencia relevante",
pero aun así concluyó que "habría que dar crédito a la hipótesis de que se
disponía de pruebas pertinentes en relación con los hechos de que
Monsanto", porque la empresa "proporcionó los medios necesarios para
la campaña estadounidense en Vietnam; sabía cómo se utilizarían sus productos y
tenía información sobre los efectos perjudiciales para la salud y el medio
ambiente".
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Autor:
Juan Parrilla en infobae.com
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